En el marco del proyecto Pobreza energética y olas de calor en entornos urbanos, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica se ha llevado a cabo un programa de asesoramiento demostrativo con 20 hogares ubicados en Madrid y Castilla-La Mancha, con la finalidad de analizar y difundir las medidas existentes para reducir los efectos de las olas de calor y la pobreza energética en verano.
El trabajo con estos 20 hogares ha consistido en realizar una serie de actuaciones, que fueron acompañadas de las respectivas visitas a las viviendas. En primer lugar, se llevó a cabo una auditoría y conocimiento a fondo de las condiciones de la vivienda y del comportamiento de los miembros del hogar, así como de sus contratos y tarifas de la energía. El objetivo de esta labor de análisis y conocimiento del hogar permitió conocer mejor el comportamiento de los miembros del hogar para poder asesorarles respecto a las medidas que pudieran ser más efectivas para ellos.
Además de recopilar el estado de la vivienda y conocer sus hábitos, se realizó una labor de monitorización y medición con el fin de ver el impacto en la mejora de la temperatura y en ahorro económico, antes y después del asesoramiento para la adopción de medidas y el cambio de hábitos.
Asesoramiento sobre medidas de adaptación al cambio climático y a las olas de calor
Como resultado de este trabajo directo con los participantes de los hogares, se han seleccionado las medidas que mayor impacto tuvieron a la hora de mejorar la temperatura y la sensación térmicay las que lograron mayores ahorros económicos. Conscientes de la importancia de mejorar ambos aspectos, ya que la pobreza energética se puede manifestar como una dificultad en el pago de las facturas de energía y/o como una situación de malestar y pérdida de condiciones adecuadas en la vivienda. Estas son las medidas con mayor impacto de mejora para adaptarse a las olas de calor y reducir la pobreza energética en verano:
En el marco del proyecto Pobreza energética y olas de calor en entornos urbanos, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se han celebrado 4 talleres multisectoriales, con el fin de analizar diferentes medidas para hacer frente a las olas de calor, desde la perspectiva de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad energética.
Las ciudades escogidas fueron Guadalajara, Valencia, Melilla y Madrid, tratándose de entornos y urbes con diferentes condiciones climatológicas, densidad de población y diseño urbano. Los cuatro talleres reunieron a representantes de las entidades locales de áreas de trabajo muy diferentes (medio ambiente, servicios sociales, fomento, etc.), a diferentes técnicos del sector de la edificación, técnicos de entidades sociales y ambientales y otros colectivos como los administradores de fincas. También se contó con la participación de la Oficina Española de Cambio Climático del MITECO en el taller de Madrid, que enmarcó la base del problema: el cambio climático y los escenarios presentes y futuros asociados a un incremento de temperaturas medias y de la frecuencia y severidad de ciertos eventos extremos, como las olas de calor.
Los cuatro talleres trabajaron las medidas desde una triple escala de actuación; hogar (vivienda), edificio y barrio (o ciudad). Esta división permitió reflexionar, también, sobre el agente que tiene que estar más implicado en la puesta en marcha de la medida de adaptación al calor.
Fuente: ACA. Talleres "Pobreza energética y olas de calor" celebrados en Guadalajara, Valencia, Melilla y Madrid
El plástico se ha convertido en un verdadero problema en todo el mundo. Diariamente encontramos noticias que hablan sobre animales que han muerto por la ingesta de toneladas de plástico o playas repletas de residuos en lugares tan remotos como la isla de Henderson, en el Pacífico sur.
El Parlamento europeo acordó la prohibición de los plásticos de un solo uso para 2021 ya que, las pajitas, los cubiertos y todos aquellos plásticos de usar y tirar producen un impacto perjudicial para el medio ambiente y la economía, tardan siglos en degradarse y la mayoría con el tiempo, acaban convirtiéndose en microplásticos, muy difíciles de eliminar del medio terrestre y marino y que acaban por desgracia, en nuestra cadena alimentaria.
Pero ¿Qué medidas se están llevando a cabo sobre este tema en España? ¿Y en las comunidades autónomas?
La pobreza energética se constituyó como un problema emergente en los años de la crisis que, las comunidades autónomas, en la medida de sus capacidades e iniciativa en la cuestión, han afrontado de diferente forma.
Convenios y ayudas
Una de las iniciativas más destacables en cuanto al papel que han jugado las comunidades autónomas en materia de lucha contra la pobreza energética y de protección de los consumidores vulnerables ha sido, sin duda, la firma de convenios entre las administraciones autonómicas y las principales comercializadoras de energía. Estos convenios, aunque no cubrían a la totalidad de los consumidores (quienes tienen contratado el servicio con otra comercializadora) consistían en prorrogar el plazo legal existente, según la legislación estatal, para la suspensión de suministro ante un impago. De este modo, una familia identificada como vulnerable, que estaba siendo apoyada por la comunidad autónoma para hacer frente al pago de las facturas de sus suministros energéticos y que se enfrentaba a una posible suspensión de suministro, quedaba protegida frente al corte con una ampliación de varios meses (dependiendo de la región y comercializadora) respecto al periodo legal.
Este acuerdo de gestión que alcanzaron la totalidad de las administraciones autonómicas con las compañías ha conseguido evitar que, en los últimos años, miles de familias vulnerables sufrieran un corte de suministro. Parecía poco lógico que una familia que estaba siendo ayudada tuviera que sufrir un corte de suministro. Esto se producía porque, en muchas ocasiones, el importe recibido tenía que superar unos trámites administrativos, que superaban el plazo que establece la ley para proceder al corte de suministro por impago.
Este tipo de convenios entre comunidades autónomas y las compañías energéticas han estado evitando el corte de suministro de multitud de familias vulnerables. Generalmente iban acompañados de planes de ayudas específicos frente a la pobreza energética, destinado a cubrir el coste de las facturas de energía, o de planes de ayudas generales o de emergencia social, destinado a cubrir diferentes tipos de suministros básicos como la alimentación, el agua o la energía.
La gestión de estos planes de ayudas también ha variado de unas comunidades a otras. En algunas de ellas la propia comunidad autónoma asumía el pago y la gestión de la ayuda, de forma directa, al hogar vulnerable. En otros muchos el plan de ayudas estaba destinado a las Entidades Locales de la región, de forma que, eran estos los que tenían que solicitarlo y acogerse al Plan autonómico, para, con fondos autonómicos, pagarlo a los hogares desde su propia Entidad Local.
Página web y regulación autonómica
Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las comunidades autónomas ha formado parte de la lucha contra la pobreza energética y ha considerado imprescindible firmar estos convenios y llevar a cabo diferentes acciones para ayudar a los más vulnerables, han sido pocas las que han concedido a la pobreza energética la importancia suficiente en sus páginas web.
Sólo 2 comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, cuentan con una sección específica de información sobre la cuestión y han ordenado los contenidos sobre este problema socio-ambiental en sus páginas web.
Durante estos últimos 7 años, la legislación estatal ha avanzado con ritmos muy diferentes. Durante los primeros años la normativa ignoró a los consumidores vulnerables y el país adoleció de un marco estatal y un sistema prestacional que abordara un problema de tal magnitud y con consecuencias tan nefastas para la calidad de vida y la salud de las personas. Se mantuvo la única medida existente, el bono social eléctrico, claramente ineficiente en su aplicación, y no se puso freno a la sangría de familias que se veían frente a un posible corte de suministro por no poder hacer frente al pago de las facturas.
A finales de 2017 se puso en marcha la reforma del bono social eléctrico, se ampliaron los derechos de los consumidores, entre ellos, el plazo previo al corte de suministro por impago en aquellos consumidores que ya estuvieran acogidos al Bono Social Eléctrico. También se aprobó, por primera vez, una categoría de consumidores, denominados consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, a los que el Decreto exige garantizar el suministro y realizar la cobertura del 100% de su factura bajo un sistema de copago entre administración autonómica/local y el mecanismo del Bono Social Eléctrico.
Unos meses después, en 2018, la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018 introdujo nuevas modificaciones, aprobó la existencia de un Bono Social Térmico y determinó la necesidad de elaborar una estrategia nacional que, aprobada en abril de 2019, proponía una definición del problema y del concepto de consumidor vulnerable, ampliaba nuevamente el plazo de protección frente al corte de suministro y marcaba una senda de actuación para los próximos 5 años (2019-2024). Pero ha de ponerse en valor que, durante los años de inacción estatal, las medidas como los convenios y las ayudas para el pago de facturas, antes mencionadas, o el desarrollo de normativa autonómica propia, se convirtieron en auténticos salvavidas para los más vulnerables.
Cabe mencionar la iniciativa que tuvieron varias comunidades autónomas cuando decidieron legislar al respecto, poniendo en debate, incluso, cuestiones competenciales entre las autonomías y Gobierno del Estado.
Es el caso de la ley 24/2015, aprobada en Cataluña, una ley que estableció, entre otras cosas, el principio de precaución según el cual ninguna compañía puede cortar un suministro si no ha comprobado previamente, con los servicios sociales, que no es un hogar vulnerable. A día de hoy los cambios producidos en el marco estatal, tras la aprobación del RDL 15/2018 y de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, han provocado, todavía más una situación de conflicto entre el marco estatal y el de esta comunidad autónoma. Mientras que en Cataluña se defiende la ley 24/2015, por ser más proteccionista que la estatal, las compañías están reclamando al Gobierno estatal una posición al respecto, con el fin de saber a qué deben atenerse en territorio catalán.
Otras comunidades autónomas también legislaron al respecto, como Galicia, Aragón o la Comunidad Valenciana, o han intentado aprobar una normativa marco, sin éxito finalmente, como en Andalucía, tras la constitución de un nuevo parlamento con una mayoría conservadora que rechazó la proposición de ley. En otros casos, no se ha propuesto una legislación específica para abordar el problema, pero si se ha incluido en Planes estratégicos regionales (por ejemplo en Navarra, en el Plan Energético Horizonte 2030). Por tanto, al margen de la existencia de una normativa regulatoria específica, lo que se pone en evidencia es que la pobreza energética entró de lleno en las agendas autonómicas hace años y continúa siendo causa de preocupación, aunque, la existencia de un marco estatal (la Estrategia Nacional) ordenará las actuaciones que se lleven a cabo en los próximos años.
Origen en la eficiencia energética
La pobreza energética no es sólo una cuestión social, también es una cuestión íntimamente ligada a la salud de las personas y del medio ambiente.
Una de las causas de origen del problema reside precisamente en la eficiencia energética de los edificios en los que vivimos, que, podría ampliarse incluso a las instalaciones y equipos con los que cuentan las viviendas.
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Si todos habitáramos en viviendas con un estándar de eficiencia energética muy elevado, la demanda de energía en los hogares sería ínfima y los problemas de pobreza energética se reducirían a un sector de población mínimo, situado bajo los umbrales de la pobreza severa y con problemas integrales para abastecerse de lo más mínimo. Si esto fuera así, la pobreza energética no se manifestaría en lo que podemos mal llamar “clase media”, puesto que podrían asumir el coste energética. Por desgracia esta situación de alta eficiencia energética que se plantea no es la real, más bien es la contraria; la mayor parte de los edificios en los que habitamos carecen de unas condiciones mínimas y adecuadas de eficiencia energética. Por ello, se manifiestan problemas como la pobreza energética, pero también se dispara la demanda de energía que requerimos para tener unas mínimas condiciones de confort. Nuestros edificios se convierten en verdaderos devoradores y derrochadores de energía, por tanto, en uno de los elementos causantes del cambio climático y de la destrucción del planeta.
La lucha contra lapobreza energética en España no puede disociarse de la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios ni de la lucha y adaptación al cambio climático. Tampoco de objetivos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo, el ODS número 7, relativo a la energía asequible y no contaminante. Informar y concienciar adecuadamente a la ciudadanía sobre la pobreza energética va ligado a hacerlo sobre la lucha contra el cambio climático y la adaptación a sus inevitables consecuencias (los edificios eficientes aumentan la resiliencia a estos cambios, tienen muy baja demanda de energía y deben incorporar fuentes de energía renovable). Por tanto, luchar contra la pobreza energética es velar por la conservación del planeta y por ello la información, la normativa, las ayudas y todo tipo de elementos que permitan prevenirla y erradicarla, contribuirán, sin duda, a la conservación de nuestro planeta, sus especies y sus ecosistemas. El papel de las comunidades autónomas en este objetivo es clave.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) considera básico suministrar a la ciudadanía de una información ambiental de calidad. Por ello mismo, se encuentra inmersa en la preparación su “3er Estudio sobre la Calidad de la Información Ambiental Autonómica en la Red”, un proyecto que se desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que fue beneficiario de la Convocatoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidad del año 2018.
El estudio, que será presentando en un acto público durante el primer semestre de 2019, llega siete años después de su segunda edición, periodo en el cual, la manera de acceder a la información por parte de la población ha experimentado grandes cambios. Es patente la digitalización de la sociedad (véase los nativos digitales) o el auge de elementos como los smartphones, que tienen un calado mayoritario en la población y que se han convertido en el principal dispositivo a la hora de buscar información. Por todo ello es fundamental que la información disponible a través de internet, especialmente la ofrecida a través de las páginas web, sean fuentes relevantes, fidedignas y sencillas para el acceso a documentos, estadísticas, imágenes, mapas o a gestiones como los procesos de información y participación pública.
El objetivo del proyecto es establecer una red de personas voluntarias que permita dar difusión y apoyar las actividades de seguimiento de los efectos del cambio climático en Parques Nacionales de alta montaña, contribuyendo a la identificación y seguimiento de las poblaciones de macroinvertebrados de sus ríos.
Durante 2019 el proyecto se desarrollará en el Parque Nacional de Picos de Europa, el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Nacional de Sierra Guadarrama y el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio. Se realizarán varios campos en primavera, verano y otoño a lo largo de 2019.
El ciclo de talleres de expertos/as del proyecto “Pobreza Energética y Olas de Calor en Zonas Urbanas”, organizado por la Asociación de Ciencias Ambientales(ACA), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), continúa.
El pasado 9 de abril Guadalajara y el 11 de abril en Melilla se celebraron dos nuevos talleres a los que han asistido unos/as 30 expertos/as de diferentes sectores (social, consumo, tercer sector, medio ambiente, arquitectura, etc.).
Los pasados días 9 y 10 de abril estuvimos en el Taproom La Fuente de la Virgen de Cervezas La Virgen, dando comienzo a las jornadas de asesoramiento energético por parte de un/a técnico de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). En dichas jornadas se mostró, de manera personalizada, a los/as vecinos/as del barrio las posibilidades de ahorro y reducción de consumo energético en el hogar.
Estas jornadas forman parte del proyecto “Cerveza x Energía” que ACA y Cervezas La Virgen han puesto en marcha el con el objetivo de luchar de la mano contra la Pobreza Energética en Madrid. La iniciativa cuenta con 2 acciones principales: el grifo solidario y los puntos PICE en los Taprooms de Cervezas La Virgen.
Tras una década trabajando en la lucha, prevención, análisis y solución de la pobreza energética, cuatro estudios publicados, que apoyan la reivindicación de la extrema necesidad de ponernos al mismo nivel de algunos de nuestros vecinos europeos e implantar en España una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, hoy podemos asegurar que, finalmente, esta herramienta ya es una realidad. Este mecanismo nace en un momento crucial, pues según apunta nuestro último estudio, existen más de 4 millones de personas que conviven con este problema dentro del territorio español.
Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) tenemos el firme convencimiento de la importancia y necesidad de impulsar la educación ambiental dentro de los colegios e institutos. Por este motivo, son diversas las actividades que realizamos para formar y concienciar al alumnado sobre la conservación del medio ambiente y sobre los problemas ambientales que asolan el Planeta.
El pasado jueves 27 de marzo, estuvimos con l@s alumn@s de primero del bachillerato internacional del Liceo Francés de Madrid del campus Saint-Exupéry en La Moraleja, analizando el estado de las aguas del río Guadalix a su paso por San Agustín del Guadalix.
