Las cifras son muy bien conocidas y demoledoras, casi 900 millones de personas no tienen acceso al agua y alimentos. La producción de los cultivos básicos necesarios para un autoabastecimiento suficiente que asegure una alimentación mínima para la subsistencia de las familias, no es posible realizarlo sin recursos hídricos.
Sin agua no es posible el cuidado de las cabañas ganaderas y la producción piscícola depende también la cantidad y calidad de las aguas, tanto costeras como fluviales. La relación entre el derecho al agua y a la alimentación es por tanto estrecha.
Además, el derecho a la alimentación y al agua precede y está implicado de forma inevitable a otros derechos fundamentales como son la salud, al desarrollo, la educación, la igualdad de género, vivienda digna, etc.
Otro aspecto importante a resaltar es el saneamiento se ha convertido en otro factor de cierta importancia para la seguridad alimentaria, dado que los 2.600 millones de personas (OMS y UNICEF, 2010) que no poseen acceso al saneamiento suficiente, está provocando una contaminación del agua que están afectando a cultivos y a recursos forestales, piscícolas, ganaderas, etc.
Derivada de las distintas afecciones sobre los recursos hídricos, se espera una época de conflictos territoriales en lucha por el agua, que afecte a la seguridad global y en este sentido se habló ayer, por parte de Cristina Narbona, en la Mesa Redonda “A tres meses de Rio+20 #Nuestrofuturo en juego” de la problemática que la falta de gestión y equidad en los recursos naturales puede generar en la seguridad, máxime en un contexto de cambio climático … todo un reto para Rio+20.
En 1997, durante el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas en Curitiba (Brasil) y bajo el lema “Somos fuertes, diversos y unidos por una causa justa”, se declaró el 14 de marzo como el Día Internacional de Acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida.
Los beneficios que obtenemos de las presas traducidos en energía eléctrica y almacenamiento de agua, contrastan con los costes sociales y ambientales que supone su emplazamiento. El desplazamiento de poblaciones por inundación y la pérdida de servicios ecosistémicos son las externalidades negativas más comunes de estas infraestructuras.
Debido a la interrupción de la dinámica natural, las barreras artificiales alteran los ecosistemas fluviales desde la cabecera de los ríos hasta su desembocadura. Modifican el proceso natural de erosión y transporte de sedimentos, el régimen de caudales o la calidad del agua. Obstaculizan el movimiento natural de flora y fauna autóctona y favorecen la adaptación de especies exóticas de aguas lénticas. Además, otros servicios ambientales como la laminación de avenidas o el paisaje se ven seriamente afectados.
Con más de 1200, España es el país con mayor número de “grandes presas” por habitante, es decir, obstáculos fluviales con una altura superior a 10 m, longitud de coronación mayor de 500 m, una capacidad de almacenamiento de más de 1 hm3 y una capacidad de evacuación por encima de 2000 m3/s.
Muchos de los diques, motas, azudes y presas han perdido la función que un día tuvieron. Como señala WWF en su iniciativa Liberando Ríos, es necesario recuperar los ríos y ecosistemas fluviales degradados, mediante la revisión o modificación sustancial de obstáculos que fragmenten innecesariamente los sistemas fluviales.
Un día como hoy, hay que destacar las numerosas experiencias en restauración de ecosistemas fluviales así como la buena respuesta de los ríos en la recuperación de su dinámica natural, garantizan el éxito de apostar por estas iniciativas a la hora de lograr un buen estado ecológico y cumplir con los plazos establecidos por la Directiva Marco del Agua.
La Asociación de Ciencias Ambientales, colabora con la recuperación de sistemas fluviales, a través del Proyecto Río Henares (www.riohenares.org), mediante campañas de control de la calidad de sus aguas, recogidas de residuos, campañas de educación ambiental, actuaciones con voluntarios, etc. que pretenden ahondar en el conocimiento local de la Cuenca del río Henares y aumentar la sensibilización de la población local en el cuidado de estos ecosistemas tan sensibles en nuestro país.
Sindicatos, organizaciones ecologistas, de consumidores, empresariales y de otros ámbitos entregaron ayer una carta a José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, en la que le critican el RDL 1/2012 que suspende los procedimientos de preasignación y establece la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables. Las organizaciones firmantes exigen al Gobierno que abra con urgencia un verdadero debate social y político para establecer un nuevo sistema de remuneración y de fiscalidad para todas las tecnologías de generación de electricidad.
Las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno sobre el marco regulatorio de las energías renovables suponen un duro golpe a un sector industrial puntero, al empleo, al desarrollo tecnológico y al medio ambiente.
Respecto a las energías renovables, el Ministerio debería tener en cuenta las necesidades de reducción de emisiones de CO2, a las que nos obligan los acuerdos internacionales, con el objetivo de que la temperatura global no aumente a los niveles peligrosos que ha señalado la comunidad científica de Naciones Unidas (IPCC).
Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debería contemplar el balance económico para España de las energías renovables en cuanto a participación en el PIB, capacidad de desarrollo tecnológico y de I+D+i, y contribución al ahorro de importaciones energéticas, así como en cuanto a incidencia sobre el precio de la electricidad. Baste recordar que en las últimas semanas la importación de petróleo ha incrementado en 9.000 millones de euros nuestra factura energética.
El viernes 11 de marzo de 2011 a las 14:46 hora local, un terremoto de magnitud 9 Mw en la costa japonesa del Pacífico provocaría un tsunami que 45 minutos después inundaría la central nuclear de Fukushima-Daiichi, desencadenando la catástrofe que puso fin al paradigma de la “seguridad nuclear”.
En el país más preparado del mundo frente a perturbaciones naturales, una combinación de estas junto a fallos institucionales y mecánicos, provocó un desastre nuclear de magnitud similar a Chernobyl. Como consecuencia de la incapacidad de refrigerar los reactores, las enormes explosiones de hidrógeno reventaron todas las barreras diseñadas para evitar que la radiación alcanzara poblaciones y medio natural. Por si fuera poco, la inoperatividad de los planes de emergencia frente a catástrofes nucleares, expuso muchas vidas humanas a los efectos de la radiactividad.
Un año después, el desastre no ha hecho más que comenzar. En un país superpoblado, cientos de kilómetros cuadrados han pasado a ser un desierto demográfico y una zona inhábil para la vida tal y como la conocíamos. El desalojo, realojo o desplazamiento de personas es un drama solo superado por las pérdidas humanas. Las generaciones venideras sufrirán la pérdida de identidad y oportunidades en la costa noroccidental de Japón. Durante las próximas décadas, las pesquerías permanecerán degradadas como consecuencia de los escapes de agua radiactiva, de la misma manera que la tierra antes cultivable quedara inservible y contaminada.
Celebrado por primera vez en Argentina y adoptado por varios países, el Día del Campo pone de manifiesto la importancia del medio rural para el bienestar social, ambiental y económico de toda nación.
Del latín campus y de amplio significado, la palabra “campo” engloba de manera general el espacio físico que alberga las distintas tierras, ecosistemas y agroecosistemas, poblaciones rurales y formas de vida agrarias en contraposición con lo urbano.
Las modificaciones realizadas en el medio rural durante el pasado siglo han contribuido a obtener ciertos beneficios en pro del bienestar humano y del desarrollo económico, pero también han supuesto una grave degradación de recursos y ecosistemas, una fuerte erosión cultural y una pérdida de valores fundamentales que comprometen la identidad y las oportunidades de nuestras generaciones futuras.
La Asociación de Ciencias Ambientales participará en la mesa de "Experiencias en Social Media" donde expondrá algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo desde a asociación en el mundo 2.0
La Jornada comenzará con una introducción a las Redes Sociales en España y los beneficios para un profesional de la mano de Carlos Mendiola, Director de Activo Social Media y Congreso Redes. Jaime Izquierdo, Presidente ejecutivo de Newmahwah, será el encargado del "Taller Práctico de LinkedIn"
Finalmente en la mesa de "Experiencias en Social Media" y en la que participa ACA, se expondrán casos reales y conversaremos sobre los beneficios profesionales del uso de las redes sociales, desde el plano profesional.
¡Si no pudiste ir, aqui tienes el video de la Jornada!
The notion of fuel poverty, or pobreza energética, is mostly unknown to the general and specialized publics in Spain. As in many other EU countries, domestic energy affordability concerns are implicit in recurrent public debates like the ones revolving around the increase of energy prices. But there is no official definition or estimates based on households’ needs to spend on energy (like in the UK), and only very recently has the concept started to become somewhat meaningful for the general public. It is thus absent from the policy and academic literature, which means that fuel poverty is to a large extent alien to decision-makers and scholars, and therefore not addressed in its own terms but rather diffusely through social and perhaps energy and climate policies.
There is, however, a noteworthy exception in the recent past: the EU-sponsored EPEE (European fuel Poverty and Energy Efficiency) project of the Intelligent Europe Programme, which in the late 2000s produced the first indicators on the extent and characteristics of fuel poverty in Spain EU based on the results of the EU Survey on Income and Living Conditions (EU SILC). This project produced several cross-country comparative studies for 5 EU Member States (Belgium, Italy, France, Spain and the UK) and came up with country-specific recommendations, which in the case of Spain ranged from proposing social tariffs and winter fuel payments to putting together an experts’ group on fuel poverty and launching a fuel poverty monitoring center. The Spanish partner of the EPEE project was the Catalonian NGO Ecoserveis.
La Asociación de Ciencias Ambientales ha sido una de las más de cuarenta entidades se han adherido al manifiesto “No a la moratoria al desarrollo de las energías renovables” que ha sido impulsado por la Fundación Renovables y presentado en Madrid el 31 de enero de 2012.
Hoy, jueves 9 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidará el RD-L 1/2012, moratoria indefinida a las Renovables. Desde primera hora de la mañana, ACA se suma a la iniciativa de protesta en Twitter bajo el Hashtag #RenovablesOff
Estudio sobre la Calidad de la Información Ambiental Autonómica en la Red
Con la colaboración de:
Organiza:
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) está desarrollando el 2º Estudio sobre la Calidad de la Información Ambiental Autonómica en la Red en el marco de una ayuda de la Convocatoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidad.. El estudio, tiene como objetivo global mejorar la calidad de la información ambiental que se suministra a nivel autonómico en Internet, a través de la realización de un análisis comparativo e independiente entre las 17 comunidades autónomas que permita orientar a los responsables autonómicos sobre los aspectos que pueden mejorar en cada administración, con el fin de establecer un sistema de mejora continua que redunde finalmente en una mayor participación de la sociedad en la temática ambiental.
La primera edición del estudio se presentó en noviembre de 2010 dentro del 10º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y permitió realizar una primera evaluación aproximativa de la información ambiental suministrada por las administraciones autonómicas en la red.
