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La pobreza energética se ha convertido en un tema de creciente preocupación en el ámbito global, especialmente en el contexto de las transformaciones que enfrenta el sector energético en las próximas décadas, pero ¿qué es exactamente la pobreza energética?

La pobreza energética no es un problema “de facturas”, sino de derechos y de vida cotidiana. Hablamos de hogares que no pueden acceder de forma estable a servicios energéticos esenciales (calefacción, refrigeración, agua caliente, cocción, iluminación) en condiciones que garanticen su salud y bienestar.

Este fenómeno no solo preocupa a nivel nacional, sino que también está en el radar de la Unión Europea y se vincula estrechamente con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos se encuentra la transición hacia energías renovables, que garantiza el acceso a una energía limpia y asequible. No obstante, únicamente este cambio tecnológico hacia las energías renovables no garantiza una transición ambiental socialmente justa.

La pobreza energética se describe como la imposibilidad de un hogar para cubrir una serie de servicios energéticos esenciales ya sea debido a un conjunto de factores estructurales como un nivel de ingresos insuficiente, la ineficiencia energética de la vivienda y sus equipamientos, o una situación de falta de acceso seguro al suministro. Esta situación refleja una falta de habitabilidad básica, que no solo se relaciona con la vivienda en sí, sino que también tiene repercusiones en su bienestar general y en su capacidad para participar plenamente en la sociedad, ya que los problemas energéticos en el hogar pueden limitar el uso de espacios públicos y el acceso a servicios como la educación, el transporte y la atención sanitaria.

En 2026, el debate llega en un contexto ambivalente: por un lado, los precios energéticos se han moderado respecto a los picos de 2022; por otro, la vulnerabilidad estructural persiste, y se nota en indicadores que siguen siendo altos y en colectivos que siguen quedando atrás.

En la UE, Eurostat estima que en 2024 el 9,2% de la población no pudo mantener su vivienda adecuadamente caliente, una mejora de 1,4 puntos respecto a 2023. Es un avance, sí, pero sigue significando que millones de personas viviendo con frío en casa.

En España, el balance más reciente del MITECO para el periodo 2022–2024 confirma esa misma idea: cierta mejora, pero niveles todavía muy elevados. En 2024, el indicador de temperatura inadecuada en invierno se sitúa en 17,6% de la población, bajando desde el 20,7% en 2023. A la vez, el retraso en el pago de facturas de suministros se mantiene alto y relativamente estable: 9,7% en 2024 (frente a 9,6% en 2023).

Esta combinación (menos hogares declarando frío, pero impagos que no bajan) es clave: la pobreza energética no se mueve solo con el termómetro. La tensión financiera, la precariedad laboral y la vivienda ineficiente pueden mantener el problema incluso cuando el precio baja o el invierno es menos duro.

Uno de los enfoques que nos gustaría destacar en la Semana de la Pobreza Energética 2026 es la desigualdad de género. La evidencia disponible muestra que los hogares encabezados por mujeres se encuentran de forma recurrente entre los más afectados por los distintos indicadores de pobreza energética, especialmente en perfiles como los hogares monomarentales y las mujeres mayores que viven solas.

Estos perfiles, además, suelen combinar ingresos más bajos (brecha salarial y pensiones), mayor carga de cuidados y mayor tiempo en el hogar, lo que aumenta necesidades energéticas y exposición al mal confort.

El propio MITECO, en su informe de balance 2022–2024, subraya una idea clave: tras varios años de medidas extraordinarias, la siguiente etapa debe centrarse en consolidar políticas estructurales y sostenibles. En esa misma línea se enmarca el nuevo ciclo de planificación: en septiembre de 2025 se publicó para audiencia pública el borrador de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026–2030, junto con el balance de la estrategia 2019–2024 y la actualización de los indicadores más recientes.

El reto para 2026 no es solo “reducir porcentajes”, sino garantizar que la transición, electrificación, renovables, comunidades energéticas; llegue primero a quienes más lo necesitan. Porque si no, la transición corre el riesgo de ser técnicamente verde, pero socialmente injusta.