Un escenario global de cambio climático exige que se adapten soluciones para mitigarlo y reducir sus impactos. Entre estas, la gestión de los residuos supone un paso importante en la transición hacía una economía circular. Mas aún, en un contexto en el que se han generado “decenas de miles de toneladas” de desechos médicos en respuesta a la pandemia de la COVID-19, como señala la Organización Mundial de la Salud en un nuevo informe, recalcando la importancia de mejorar los sistemas de gestión de desechos para que sean más adecuados, seguros y sostenibles desde el punto de vista ambiental.
A nivel europeo, se han aprobado directivas que fijan objetivos más estrictos en materia de economía circular, como reducir las cantidades generadas, aumentar la valorización y disminuir los envíos a vertedero (Directiva 2018/851 sobre los residuos; Directiva 2018/852 relativa a los envases y residuos de envases; Directiva 2018/850 relativa al vertido de residuos). Sin embargo, algunas de ellas todavía no se han traspuesto a nivel nacional, por ejemplo, la Directiva 2019/904 que prohíbe la venta de algunos productos de plástico de un solo uso como bastoncillos para los oídos, cubiertos o pajitas. Recientemente, la Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente a España porque esta directiva se tendría que haber incorporado en la normativa nacional hace siete meses.
Esta norma se aplicará cuando entre en vigor la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuyo proyecto y anteproyecto de ley se han tenido en cuenta en el informe de CONAMA Gestión de residuos municipales. La opinión de los técnicos. El informe de CONAMA da a conocer el punto de vista de los responsables municipales en materia de recogida y tratamiento de residuos y sugiere algunas mejoras, teniendo en cuenta que las Entidades Locales consideran que tendrán grandes dificultades para cumplir las responsabilidades que se les atribuyen.
Gestión de residuos municipales
Para llevar a cabo los sondeos, CONAMA ha tenido como referencia el Anteproyecto y el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados publicado posteriormente. En estos, aparecen dos nuevas definiciones que pretenden aclarar vacíos legales en relación con la gestión de residuos abandonados. Una definición es: “Residuos de competencia local” que atribuye a las entidades locales los residuos de los que se ha de encargar (aquellos que normalmente se depositan en los contenedores de la calle y los de la misma naturaleza pero que se hayan recogido de forma separada), y la definición “Poseedor de residuos” que responsabiliza al titular catastral de una parcela con residuos abandonados o basura dispersa e indica a las entidades locales como competentes para obligar al titular a eliminar dichos residuos.
En este marco legal predomina la importancia de separar los residuos según su tipología, destacando mayoritariamente la gestión de los biorresiduos. Las entidades locales con menos de 5.000 habitantes disponen hasta el día 31 de diciembre de 2023 para cumplir con la separación de residuos como papel, vidrio, plástico y biorresiduos. Por otro lado, para la separación de residuos textiles, aceites de cocina, residuos domésticos peligrosos y voluminosos se concede como plazo máximo el 31 de diciembre de 2024.
Profundizando en la gestión de los biorresiduos, tanto Anteproyecto como Proyecto de Ley señalan que las entidades locales deberán adoptar medidas para facilitar su reciclado mediante su compostaje doméstico y comunitario, lo que implica que habrá que desarrollar infraestructuras, dado que muy pocos municipios y Comunidades Autónomas disponen de estas instalaciones, y concienciar a los gestores y ciudadanos.
Cabe destacar que la normativa anterior ya obligaba a planificar la gestión de residuos, sin embargo, según las respuestas obtenidas en el sondeo, este fin no se ha cumplido. Además, los gestores destacan que entre las diferentes decisiones que toman en su localidad se ven con muy poca capacidad para mejorar el impacto ambiental provocado por la gestión de residuos. Esto lleva a que, con todas las competencias que ahora se atribuyen a las entidades locales, se considere que se deben incrementar, principalmente, los medios humanos y los materiales, y que las Comunidades Autónomas deberían ser la fuente de financiación de los medios requeridos. Del mismo modo, también consideran que los próximos residuos deberían contar con ‘Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor’, lo que obligaría a los productores de determinados artículos encargarse de su recogida, como serían los colchones o residuos de construcción y demolición, que son sobre los que se deben realizar mayores esfuerzos para reducir y lograr una mayor reutilización. Un ejemplo del modelo seguido hasta ahora son los sistemas integrados de gestión (SIG), que han sido la práctica habitual para casi todos los flujos de residuos regulados.
Asimismo, los puntos limpios también se consideran importantes para ayudar a conseguir los objetivos de preparación para la reutilización. Estos puntos se estiman de mayor utilidad para muebles y productos voluminosos y residuos de aparatos electrónicos, entre otros. Con respecto a los puntos limpios, el sondeo ha obtenido respuestas favorables para las acciones que podrían realizar, como llevar un registro de los usuarios o ejercer de puntos de información y divulgación de la gestión de residuos.
Teniendo en cuenta la comunicación ciudadana, se cree necesario que las entidades locales dispongan de más información sobre el proceso completo de gestión de residuos, incluso pudiendo incluir un desglose de la tasa en las facturas de los ciudadanos, para que puedan correlacionar los datos con la realidad de su localidad. Un amplio porcentaje de gestores se ha mostrado también de acuerdo con imponer un pago por generación de residuos y ofrecer incentivos a aquellos ciudadanos que gestionan correctamente sus residuos.
Por otro lado, la nueva normativa también menciona el nuevo impuesto a la eliminación en vertedero, con la intención de que cada vez lleguen menos residuos a estos lugares, de acuerdo con el Real Decreto 646/2020. Según la normativa vigente, se espera que para 2025 se reduzca un 40% la cantidad de residuos municipales vertidos, algo que no se cumplirá según los gestores.
Los objetivos marcados en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados son difíciles de alcanzar teniendo en cuenta que se establecen fechas para cumplirlos, entre 2020 y 2030, y que implican una fuerte gestión por parte de las entidades locales, que necesitarán recursos para encaminarse hacia ellos. Desde CONAMA se propone que la vía más fácil para obtener dotaciones económicas son los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia, teniendo que ampliar la cifra necesaria hasta 2.459 M€, si se tiene en cuenta el informe de la Comisión Europea “Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal waste management in Member States".
Fecha de publicación: 15/02/2022