En el ámbito energético, desde el pasado mes de junio del año 2021, estamos soportando una crisis de precios de la energía sin precedente en la historia, tanto por su extensión en el tiempo como por el impacto sobre las economías familiares y en especial en los colectivos más vulnerables.
Por todo ello, una docena de entidades sociales preocupadas por la situación de los colectivos vulnerables y más afectados por la pobreza energética trasladamos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) nuestras propuestas, con la intención de que se consideraran y mantener conversaciones constantes mediante la creación de una mesa de diálogo social, tal como recoge la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE).
Reunión en el MITECO con colectivos sociales: Aliança Contra la Pobresa Energètica; AeioLuz; Coordinadora de vivienda Madrid; Ecoserveis; Ecodes; Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan; Abio; Enginyeria Sense Fronteres; Intiam Ruai; Nuevo Modelo Energético; Socaire.
El pasado miércoles, el MITECO presentó el Real Decreto 6/2022 como plan de respuesta, con el objetivo de bajar los precios de la energía para las familias y las empresas, mediante el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables, que son los que nos preocupan y ocupan.
En el paquete de decisiones aprobado destacan medidas estructurales para reducir la dependencia energética de fuentes de energía de las que no disponemos, mediante la aceleración de la transición energética hacia un modelo basado en renovables; la intervención en el precio del gas; el mantenimiento de las rebajas en los impuestos; la ampliación del número de personas beneficiarias del bono social y otras medidas de apoyo a las personas trabajadoras y los colectivos vulnerables, que a continuación tratamos de resumir.
Medidas estructurales dirigidas a acelerar la transición energética
En el actual marco de incertidumbre e inestabilidad de precios energéticos es necesario tomar nuevas medidas de ámbito energético para frenar la escalada de precios. Entre ellas, medidas fiscales mediante la bajada de impuestos, junto con medidas de marcado carácter estructural: fomentando el autoconsumo (individual y colectivo) y las comunidades de energía y promoviendo la integración de energías renovables que consigan reducir la dependencia de fuentes de energía de las que no disponemos y nos vemos obligados a importar (gas, petroleo, uranio...), con el propósito de aumentar nuestra soberanía energética y nuestra capacidad de autoabastecimiento con fuentes de energía propias, tal y como se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
En lo relativo a los precios, otra medida anunciada esta semana ha sido la de topar el precio del gas a 30 euros/MWh. Si finalmente esta medida sitúa el precio en unos 30 euros/MWh, "el precio del pool sería de unos 100-120 euros/MWh, ya que al coste del gas hay que añadirle, entre otros elementos, el de CO2", según mencionan algunos medios. Este límite será "temporal" y vinculado a "circunstancias excepcionales que están provocando graves dificultades económicas" en Portugal y en nuestro país. Por ello, estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2022.
Reducción de Impuestos, se mantiene
Por medio de la aprobación de este Real Decreto-Ley, se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, se mantienen hasta dicha fecha los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto especial sobre la electricidad, así como el mecanismo del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural. Puesto que las circunstancias que motivaron la articulación de estas medidas se mantienen en la actualidad –o, en algunos casos, incluso se han agravado–, se justifica la prórroga de dichas medidas hasta la fecha mencionada.
Otras medidas de apoyo a trabajadores y colectivos vulnerables
La subida de los precios de la electricidad y su efecto sobre la inflación afectan también a la renta disponible de los hogares, en particular a la de los más vulnerables. En ese sentido, también se contemplan en el plan de respuesta medidas en el ámbito laboral, con el anuncio del incremento extraordinario en la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15 %, durante los próximo tres meses.
Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos, por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.
Principales novedades en el Bono Social Eléctrico
Como novedad, se incluye la automatización del bono social para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y se espera que llegue a 600.000 familias más, aumentando el criterio de renta para las unidades de convivencia.
A los efectos de este Real Decreto, “se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”.
Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia. En ningún caso, una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia.
Se mantienen los descuentos del bono social a las personas consumidoras de energía eléctrica del 60 y 70 por ciento para los consumidores vulnerables y vulnerables severos respectivamente, hasta el 30 de junio de 2022.
A su vez, las comercializadoras de referencia deberán comunicar a sus clientes acogidos al PVPC las nuevas condiciones para aplicar el bono social y publicitar el procedimiento para la solicitud del mismo y deberán comunicar en su página web la existencia de las nuevas condiciones.
Los potenciales beneficiarios de la condición de consumidor vulnerable en los términos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, pueden cursar su solicitud a partir del 1 de abril de 2022, fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.
En cualquier momento, los consumidores acogidos al bono social a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley podrán solicitar el bono social bajo las nuevas condiciones introducidas por este.
En definitiva, toda una serie de medidas que valoramos como positivas, dirigidas a reducir el impacto de los precios de la electricidad y acelerar la transición energética, que esperemos sirvan para proteger a los colectivos más expuestos a sufrir las consecuencias de esta crisis energética.
Somos conscientes que para reducir la pobreza energética es necesario que se intervenga desde diferentes ámbitos, por ello, desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) continuamos trabajando para reducir la pobreza energética a través del desarrollo de proyectos como EPIU Getafe Hogares Saludables, que intervienen directamente en las causas principales de la pobreza energética, mediante la monitorización y la rehabilitación de edificios para mejorar la calidad de las viviendas, el aumento de la eficiencia energética para la reducción de la demanda de energía, y la información, atención y asesoramiento individualizado a las personas afectadas por ella.
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Iniciativa de Acciones Innovadoras Urbanas.
El contenido de esta publicación refleja únicamente el punto de vista de los autores y, en consecuencia, no representa en ningún caso la opinión oficial de los órganos de gestión del Programa.
Fecha de publicación: 05/04/22