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La nueva política europea en materia energética avanza en la protección de los consumidores vulnerables

 

ACA en la celebración del día Europeo de la Pobreza Energética destaca la necesidad de analizar seriamente el nuevo paquete de medidas de la UE en materia de energía para valorar, sin dilación, cómo se implantará en España.

Son muchos los representantes de los partidos políticos y las organizaciones sociales que han marcado el foco de la pobreza energética en el bono social, uno de los pocos instrumentos existentes para proteger el consumidor vulnerable.

Esto ha sido fruto, entre otras noticias, por la reciente convalidación el pasado 31 de enero del Pleno del Congreso al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, que se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el sistema de financiación del bono social. A partir de este momento, la financiación provendrá de todas las comercializadoras, no sólo las que desarrollan actividades de generación y distribución.

Asimismo, el decreto, pendiente de un reglamento que desarrolle la normativa, realiza la introducción de algunas medidas como la definición de tipos de consumidores, una nueva categoría de suministro de energía eléctrica de carácter de esenciales para consumidores vulnerables severos,  la ampliación de dos a cuatro meses el periodo de aviso en el caso de los consumidores vulnerables, la obligación del contacto con los servicios sociales para comprobar si un usuario entra en la categoría de "extremadamente vulnerables" antes de realizar un corte de suministro, entre otros como la mejora de la normativa sobre comercialización con la pretensión de aumentar la protección al conjunto de los consumidores.

Si bien hay margen de mejora en la configuración del bono social, ampliamente analizado en el 3^er Estudio de Pobreza Energética en España 2016 y a través de los talleres organizados por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en 2015 y 2016, no puede ser el único instrumento para combatir la pobreza energética.

En este sentido, la política europea en materia energética ha dado un nuevo impulso con la publicación el pasado 30 de noviembre de 2016 de un nuevo paquete de medidas que marca una nueva hoja de ruta que debe ser analizada con seriedad para implantar una estrategia integrada y coherente a este complejo problema.

 

Entre las numerosas medidas planteadas, se destacan las siguientes por su incidencia, directa o indirecta, en la potencial protección de los consumidores vulnerables:

• Eficiencia. Bajo el lema “Eficiencia energética en primer lugar” la Comisión Europea deja clara la prioridad más importante, aumentando la exigencia del objetivo de eficiencia del 27% al 30% para 2030 a los Estados Miembros. Para ello, la primera decisión va a ser promover la revisión de la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.

 

Además, dado que la tasa de rehabilitación de edificios está siendo escasa a pesar de las medidas puestas en marcha, se va a desarrollar una revisión de la Directiva de rehabilitación de edificios que junto al desarrollo de nuevos instrumentos de financiación para la rehabilitación, se pretende acelerar el ritmo de las actuaciones y dinamizar el mercado.

 La UE asume que la raíz de la vulnerabilidad energética es el estado de los hogares europeos y que la solución de la pobreza energética y la prevención de más casos en el futuro es actuar en la eficiencia energética de los hogares que garantice su habitabilidad

 Asimismo, la Comisión considera necesario que las medidas de eficiencia que se adopten tengan en cuenta las situaciones de pobreza energética y  les dé prioridad, con estrategias a largo plazo que se mantengan en el tiempo, para lo cual los acuerdos políticos deben ser necesarios.

 

• Transición Justa. “La transición hacia un modelo energético limpio debe ser justo y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad”, esa es otra de las premisas que se ha marcado la Comisión dentro del paquete de medidas publicadas. Para ello, promueve una serie de medidas encaminadas a:
  • Establecimiento de tarifas sociales que permitan minimizar la pobreza energética
  • Involucración del consumidor en el sistema energético con el derecho a almacenar, compartir, consumir su propia energía o venderlo al mercado.
  • Mejorar la transparencia de la prestación y la facturación de los servicios de energía.
  • Mejorar la gestión de los datos que ofrecerán los contadores inteligentes para favorecer los precios competitivos pero  con estrictas normas en la protección de los datos. Se pretende que los usuarios tengan un alto control del gasto de los servicios energéticos.
  • Mejorar la información, capacitación y empoderamiento de los consumidores para controlar y ahorrar el consumo energético, sobre los servicios de energía, prestando ayuda adicional para aquellos consumidores que puedan necesitarla. Asimismo, ofreciendo herramientas de comparación de precios u otras que permitan a los usuarios adoptar decisiones informadas
  • Mejorar las relaciones de los consumidores con los proveedores de energía, promoviendo facilidades y mejorando la gestión de operaciones habituales con los proveedores de energía, que permita cambios de proveedor, tarifas, etc.

 

• Observatorio de la Pobreza Energética. Establecimiento de un observatorio que permita analizar la situación de la pobreza energética en Europa y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados Miembros. Este observatorio se ha constituido en el marco del contrato del servicio (ENER/2015/B3/507-2) asignado a un consorcio liderado por Dr Harriet Thomson y Stefan Bouzarovski de la Universidad de Manchester, en el que la Asociación de Ciencias Ambientales es un colaborador estratégico.

 

• Planes de energía y clima. La Comisión incide en la necesidad de intensificar los esfuerzos en la participación social en el desarrollo de los planes nacionales de energía y clima de los Estados Miembros.

 

Además del desarrollo reglamentario del real decreto ley del bono social, el anuncio el pasado 18 de enero de la nueva Ley de cambio climático y transición energética en la Comisión del Congreso de los Diputados, que permitirá desarrollar muchos de los compromisos europeos e internacionales, abre la posibilidad de que se genere un proceso participativo que incluya a todos los actores, para un debate sobre una transición energética justa que cumpliendo todos los objetivos ambientales incluya el enfoque de pobreza energética.

Durante la celebración de Semana Europea de la Pobreza Energética ACA realizará acciones de comunicación para seguir avanzando en soluciones factibles y estructurales al problema de la pobreza energética. El proceso de reformulación del bono social, las medidas para proteger a los hogares frente al corte de suministro, la aprobación del nuevo paquete de medidas energéticas en Europa o la creación de un Observatorio Europeo de la Pobreza Energética nos sitúan ante un momento de oportunidad para establecer una verdadera hoja de ruta que haga factible la erradicación paulatina de la pobreza energética.

En esta línea el próximo desarrollo reglamentario que defina las categorías de consumidor vulnerable y el marco de protección de los mismos supondrá un punto de partida para desarrollar una estrategia estatal que incorpore el enfoque de la pobreza energética en la definición de todo tipo de políticas implicadas (medio ambiente, salud, fomento, hacienda, etc.) y que coordine y sume los esfuerzos de los diferentes niveles de la administración, las empresas y la sociedad civil.